NOTICIAS 4 DE FEBRERO DE 2011

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Boletín de prensa 4 de febrero de 2011

EL TIEMPO

EDITORIAL: EL COMIENZO DEL CAMBIO

La Asamblea Constituyente ratificó la necesidad de que Colombia se reconociera como un país plural.

Al mediodía del martes 5 de febrero de 1991, en el recinto de sesiones del Senado de la República, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Este cuerpo de 70 delegados elegidos por voto popular debatiría por cinco meses el contenido de una nueva Carta Política para Colombia.

Una ceremonia especial en el Capitolio Nacional conmemora hoy el inicio de las deliberaciones y marca la largada de una serie de eventos académicos programados para recordar este histórico proceso. Las actividades culminarán en una sesión solemne el próximo 4 de julio, día del vigésimo aniversario de la promulgación de la Constitución de 1991.

El ambiente político en que hace dos décadas se instaló la Asamblea Constituyente estaba caldeado, así como la situación de orden público. Cerca de año y medio atrás, el magnicidio del candidato liberal Luis Carlos Galán había desatado un movimiento estudiantil que proponía una reforma constitucional de origen popular. Una séptima papeleta -las otras seis estaban destinadas a cargos de elección- fue depositada por cerca de dos millones de colombianos en los comicios de marzo de 1990. En mayo de ese año, la idea de la Asamblea se refrendaría otra vez en las urnas.

El recién posesionado presidente César Gaviria logró un acuerdo político para convocar una jornada electoral que el 9 de diciembre de 1990 escogería 70 asambleístas. El mismo año en que el país atravesaba por los asesinatos de varios candidatos presidenciales, el secuestro de periodistas y el chantaje del grupo de narcotraficantes de 'Los Extraditables', la asediada deocracia colombiana celebró tres elecciones exitosas.

A cargo de diseñar el nuevo gran contrato social y político del país quedó un variopinto grupo de políticos, guerrilleros desmovilizados, académicos, indígenas, sindicalistas, líderes religiosos y artistas. Si bien tanta diversidad generaría duras discusiones, este arcoiris de visiones de Colombia impregnaría el texto final de la Asamblea.

Más que reconstruir esos cinco meses de deliberaciones -como la de la abolición de la extradición-, esta conmemoración invita a reflexionar no sólo sobre los cambios que introdujo la nueva Carta Política, sino también sobre sus promesas incumplidas.

La Asamblea Constituyente de 1991 ratificó la necesidad de que Colombia se reconociera como un país plural. Las imágenes de su presidencia tripartita conformada por el liberal Horacio Serpa, el conservador Álvaro Gómez Hurtado y el entonces líder del M-19 Antonio Navarro Wolff resumieron el espíritu de colaboración dentro de las más marcadas diferencias.

La participación de personas que habían dejado las armas después de haberse alzado contra el Estado alimentó el llamado del presidente Gaviria a que la nueva Constitución tuviera el carácter de un "tratado de paz".

Aunque dos décadas más tarde el conflicto interno en el país continúe sin resolverse, la tolerancia mostrada en las deliberaciones y el elevado nivel del debate a la hora de acometer algunos temas son una prueba tangible de la capacidad de nuestra democracia de abrir espacios políticos.

Prácticamente, una generación de colombianos ha nacido y vivido bajo el marco de la Carta de 1991. Para bien o para mal, esas reglas de juego aprobadas hace veinte años han afectado la vida de millones de compatriotas en las más diversas formas: libertad religiosa, respeto a la identidad sexual, acciones de tutela, libre desarrollo de la personalidad, descentralización fiscal. La conmemoración que hoy empieza es la mejor excusa para conocer y comprender bien este legado viviente.

CARACOL RADIO

CARRUSEL DE MAGISTRADOS AUXILIARES EN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Durante todo el año 2010 fueron nombrados por lo menos 20 magistrados que duraban desde 1 mes y hasta 3 meses en sus cargos, con un promedio de 17 millones de pesos de ingresos. Y en las seccionales de la Sala Disciplinaria, se pensionaron por lo menos 10 con tan solo permanecer 3 meses en sus cargos.

El extraño movimiento de magistrados se presentó durante el año pasado en tres despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

José Ovidio Claros. Hoy tiene nombrados tres magistrados auxiliares. Pero en 2010 presentó novedades, como son llamadas al interior de la Sala Administrativa, en documento obtenido por Caracol Radio, por el nombramiento de 8 magistrados el año pasado, de los cuales 4 trabajaron por cortos períodos

Estos son:

Dagoberto Antonio Barrios Rodríguez. Ingresó el 14 de julio y dejo de trabajar el 9 de noviembre. 3 meses y medio.

Amparo Cardona Echeverri, entre el 16 de febrero y terminó el 28 de febrero. Trabajó 12 días

Margot Castellanos Carrillo, entró el 18 de marzo de 2010 y se fue el 20 de junio. 3 meses

Edgar Alfonso Velilla de la Osa: entró el 10 de noviembre y terminó el 16 de diciembre. Un mes y 6 días.

En el despacho de Julia Emma Garzón se presentaron 7 novedades en 2010, para el nombramiento del mismo número de magistrados, de los cuales solo uno duró más de un mes

Guillermo Cárdenas Gonzales: entro el 16 de noviembre y salió el 15 de diciembre. Un mes

José Martín Hernandez Maldonado: entró el 8 de marzo y salió el 31 de mayo. Dos meses

Constanza Margarita Navia de Ayala: ingreso el 3 de febrero y salió el 7 marzo. Menos de un mes

Enilse Ortiz Giraldo: entró el 1 de junio y salió el 31 de julio. Casi dos meses

Gladys mora Camargo: entró el 2 de agosto y salió el 12 de septiembre. Mes y medio

Marta Judith Castellanos Betancur: entró el 13 de septiembre y salió el 31 de octubre

Y en el despacho de Hanry Villarraga se presentaron otras 9 novedades que involucran a 8 magistrados

Jesus Herrara Cortés trabajó dos meses, entre el 11 de enero y el 30 de marzo

Luis Rojas Tovar trabajó dos meses, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre

Luis Gonzalo Ardila, trabajó menos de un mes entre el 1 y el 30 de marzo

Jose Darío Ramírez moreno: trabajó entre el 1 de junio y el 6 de julio, mes y medio

Gloria estela Cely Benavidez salió pensionada luego de trabajar 2 encargos por 2 meses y medio

Elias Cabrera Ducuara: trabajó dos meses entre el 31 de marzo y el 31 de mayo

Estos nombramientos no van a sala. Cada despacho nombra de manera autónoma. No hay prohibición legal para hacerlo. La norma plantea que estos funcionarios no son cobijados por la carrera judicial y son de libre nombramiento y remoción según la ley 270 de 1996

Y esta semana, en el despacho de la doctora Julia Emma fue nombrada la hermana de José Alfredo Escobar, Marina Escobar Araujo y en el despacho de José Alfredo Escobar, se solicitó el nombramiento de una pariente de Julia Emma….

DENUNCIAN SUPUESTO 'CARRUSEL' DE MAGISTRADOS EN LA JUDICATURA

Se habla de nombramientos de al menos 20 magistrados que no duraron más de tres meses en sus cargos.

La denuncia fue hecha por la emisora Caracol Radio, que a su vez divulgó el listado de los magistrados que habrían estado involucrados en esta práctica.

Según la emisora, "Durante todo el año 2010 fueron nombrados por lo menos 20 magistrados que duraban desde 1 mes y hasta 3 meses en sus cargos, con un promedio de 17 millones de pesos de ingresos.

Agrega que el año pasado, en tres despachos de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, hubo al menos 10 magistrados que se pensionaron con sólo tres meses en su cargo.

La emisora señala también que el actual presidente del alto tribunal, magistrado José Ovidio Claros, nombró el año pasado 8 magistrados, "de los cuales cuatro trabajaron por cortos períodos de tiempo".

Magistrados de la Judicatura señalaron que no se pronunciarán por el momento frente al tema. A esta hora, analizan la situación y esperan emitir un comunicado en las próximas horas.

EL ESPECTADOR

PIDEN AL GOBIERNO REVOCAR DECRETO DE LAS CAR POR EMERGENCIA SOCIAL

El Congreso exigió al Ejecutivo no obviar el trámite legislativo para reglamentar esas corporaciones.

El Congreso conminó este jueves al Gobierno a que revoque el decreto que busca la reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

La coordinadora de la comisión que estudia los decretos en la Cámara, la representante Gloria Stela Díaz, señaló que es necesario que el Gobierno permita que a través de las facultades que tiene el Congreso reglamente esas entidades.

Según ella, después de haber escuchado a los ministros se consideró necesario que en un proyecto de acto legislativo se establezca la nueva normatividad de las CAR.

Díaz recordó que al igual que en el caso de Ecopetrol la Cámara consideró que "el Gobierno se excedió" y es mejor que el Congreso continúe el trámite de las reformas constitucionales.

La representante confirmó que el Ministerio de Hacienda revocó el decreto que busca la venta de un 5% adicional de las acciones de Ecopetrol.

DENUNCIAN 'CARRUSEL DE MAGISTRADOS AUXILIARES' EN CONSEJO SUPERIOR

El irregular hecho, dado a conocer por Caracol Radio, permitió que algunos hasta se pensionaran con apenas un mes de trabajo.

El extraño movimiento de magistrados se presentó durante el año pasado en tres despachos de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Dagoberto Antonio Barrios Rodríguez. Ingresó el 14 de julio y dejo de trabajar el 9 de noviembre. 3 meses y medio.

Amparo Cardona Echeverri, entre el 16 de febrero y terminó el 28 de febrero. Trabajó 12 días

Margot Castellanos Carrillo, entró el 18 de marzo de 2010 y se fue el 20 de junio. 3 meses

Edgar Alfonso Velilla de la Osa: entró el 10 de noviembre y terminó el 16 de diciembre. Un mes y 6 días.

En el despacho de Julia Emma Garzón se presentaron 7 novedades en 2010, para el nombramiento del mismo número de magistrados, de los cuales solo uno duró más de un mes

Guillermo Cárdenas González: entro el 16 de noviembre y salió el 15 de diciembre. Un mes

José Martín Hernández Maldonado: entró el 8 de marzo y salió el 31 de mayo. Dos meses

Constanza Margarita Navia de Ayala: ingreso el 3 de febrero y salió el 7 marzo. Menos de un mes

Enilse Ortiz Giraldo: entró el 1 de junio y salió el 31 de julio. Casi dos meses

Gladys Mora Camargo: entró el 2 de agosto y salió el 12 de septiembre. Mes y medio

Marta Judith Castellanos Betancur: entró el 13 de septiembre y salió el 31 de octubre

Y en el despacho de Henry Villarraga se presentaron otras 9 novedades que involucran a 8 magistrados

Jesus Herrara Cortés, trabajó dos meses, entre el 11 de enero y el 30 de marzo

Luis Rojas Tovar, trabajó dos meses, entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre

Luis Gonzalo Ardila, trabajó menos de un mes entre el 1 y el 30 de marzo

Jose Darío Ramírez Moreno: trabajó entre el 1 de junio y el 6 de julio, mes y medio

Gloria Estela Cely Benavidez salió pensionada luego de trabajar 2 encargos por 2 meses y medio

Elías Cabrera Ducuara: trabajó dos meses entre el 31 de marzo y el 31 de mayo

EL CHISTE MALO DEL PROCURADOR

Por: María Teresa Ronderos

Condenar a los guerrilleros muertos o desaparecidos en el Palacio de Justicia en 1985 recomendó el procurador Alejandro Ordóñez.

El argumento es que es una medida que permitirá reparar a las víctimas que dejó la guerrilla. En cambio ha pedido la absolución de militares acusados de desaparición forzada en ese caso. ¡Siempre es más fácil mandar a la cárcel a los muertos que a los vivos! Me pregunto cuál sería el castigo adicional que, según el procurador, mercería la memoria y la familia de Irma Franco, la única integrante del M-19 que salió con vida, pero que fue luego interrogada y asesinada en instalaciones militares.

Porque eso es de verdad lo que se propone el procurador frente a este doloroso episodio. Grabar en la memoria colectiva que los verdaderos criminales de lesa humanidad en el desastre del Palacio de Justicia fueron los guerrilleros y rescatar así la honra militar. Si fue condenado Plazas Vega, ¿cómo no van a serlo los responsables de la debacle? Así ya no existan, carajo, como diría Godofredo Cínico Caspa, el inolvidable personaje de Garzón.

Nadie pone en duda que los guerrilleros del M-19 fueron los autores del asalto y por tanto los responsables de la tragedia. Pero no fue condenado Plazas Vega por haberlos enfrentado con las armas, como era su deber. Ni siquiera por haberlo hecho de manera tan torpe y brutal que terminaron muertos más de cien rehenes.

No. Al coronel lo condenó la jueza a 30 años de cárcel por su responsabilidad en haber desaparecido a diez empleados de la cafetería y a la guerrillera Franco. Según testigos y al menos una grabación de la época, ellos estaban entre las personas que salieron vivas, fueron remitidas a varias instalaciones militares y fueron interrogadas y maltratadas. La juez determinó que Plazas estuvo al tanto de todo.

Defenderlo no es defender el honor militar. Al contrario, ese es el tipo de comportamientos que las Fuerzas Armadas llevan ya varios años empeñadas en desterrar de sus filas. Sigue habiéndolos, desafortunadamente. Si no, no hubiéramos visto el escándalo de los “falsos positivos” o ejecuciones a civiles por fuera de combate. Pero hace ya varios años que los militares se impusieron pelear una guerra legítima, que respete “la dignidad humana”, como dijo hace poco el almirante Cely.

Quienes siguen pensando que es deber patrio arropar los delitos que cometan militares con las banderas de la dignidad y el honor, pretenden sujetar a la Fuerza Pública en el más oscuro pasado. Aún así el procurador parece aferrarse a esas viejas ideas forjadas con el hierro del anticomunismo, que justificaron prácticas de guerra sucia, como la desaparición forzada por la que fue condenado Plazas.

Quizá la cosa es peor. Quizá la razón más de fondo por la que el procurador ha salido con esa propuesta de rematar a los muertos con una condena es porque está abriendo la puerta jurídica para que se anulen las amnistías que se firmaron hace 21 años con el M-19 y el Epl entre otras guerrillas. Así hayan cumplido sus compromisos de paz, a pesar de los asesinatos de sus líderes; así Antonio Navarro esté haciendo un buen gobierno en medio de las siete plagas que le cayeron a su tierra Nariño; así las valientes denuncias de Petro hayan permitido destapar la parapolítica; así otros de ellos estén dedicados a desminar el país o a promover la tolerancia.

Como si no nos sobrara la guerra, el procurador quiere destruir la única paz que cuajó. Ese sí que es un chiste malo, pero no por lo flojo, sino por lo dañino.

VIVA LA POLÍTICA! ¡ABAJO LA POLÍTICA!

Por: Francisco Gutiérrez Sanín

Durante algún tiempo se propa-gó la ilusión de que los procesos políticos podrían ser reemplazados por los judiciales o, por lo menos, subordinados a una forma de decisión que fuera menos sesgada y más limpia.

Los límites de esa ilusión están quedando cada vez más al descubierto (como lo ha planteado Jeremy Waldron en un reciente, reflexivo y políticamente incorrecto libro). El hecho de que un juez estadounidense tumbara la más bien tímida reforma a la salud impulsada por Obama —independientemente de que después el gobierno logre resucitarla— muestra que las prerrogativas antimayoritarias de la justicia pueden actuar en cualquier dirección. De hecho, la representación tradicional de la justicia, una ciega blandiendo una espada, sugiere la idea de peligrosos golpes aleatorios.

Uno de ellos lo acaba de dar la Procuraduría, al comenzar acciones contra el M19, que algún juez podría extender contra la cúpula de esa organización, por los hechos del Palacio de Justicia. Hay sobre este particular dos premisas sobre las que tengo muy pocas dudas. Primero, la toma del Palacio de Justicia por el M19 fue una descabellada y deplorable aventura terrorista. Segundo, lo que hace la Procuraduría es injusto, profundamente desestabilizador y antidemocrático, y merece una enfática condena. Las premisas no se contradicen. El M19 combatió al Estado. El Estado lo amnistió de manera formal. No amnistió, en cambio, a los militares, por razones que fueron ampliamente discutidas durante la década de los ochentas y los noventas (algún lector recordará que Carlos Lleras Restrepo propuso el perdón para los uniformados, basado en las experiencias de los conflictos bipartidistas). Después, el M19 cumplió lealmente con sus compromisos. Es no sólo vil, sino también miope, que el Estado viole tan flagrantemente la palabra empeñada, pues después no podrá llegar a acuerdos sostenibles con nadie. Para volver a Estados Unidos, buena parte de la actividad de su sistema judicial depende de la capacidad de los fiscales de hacer pactos con los criminales y sus abogados —y esto a su vez es una función de que tales pactos tengan un mínimo de credibilidad—.

Aunque la Procuraduría no pertenece formalmente a la Rama Judicial, su actividad y lenguaje son jurídicos. Pero esto no hace sino subrayar la ambigüedad del tema, pues el procurador es escogido mediante procesos políticos. En el caso que comento, éstos han revelado sus imperfecciones y aterradoras ironías. Ellas se vuelven simple mascarada en el caso de la llamada Comisión de Acusación de la Cámara, ahora dirigida por alguien que al parecer falsificó sus certificados de estudios y que quiere mantener en la clandestinidad el supuesto juicio que se le sigue a Uribe por su posible involucramiento en gravísimas transgresiones. Uno entiende fácilmente por qué una persona con antecedentes de tal jaez necesite el secreto. Lo que no entiende es cómo ese diseño institucional se ha mantenido tanto tiempo.

La conclusión es simple. No hay fórmulas mágicas. a veces, el poder judicial puede jugar un papel estelar (lo hizo en nuestro país en los últimos ocho años, lo hace o trata de hacer en la Italia de Berlusconi). En esos conflictos con el ejecutivo, muchas veces aparece como defensora (antimayoritaria) de la democracia. Pero la activación política de los juristas no es una panacea. Ellos también necesitan quien los ronde. La paciente, compleja, poco estética, labor política —convencer, negociar, presionar, promover controles e ideologías del autocontrol— sigue más vigente que nunca.

CRÍTICA SITUACIÓN CARCELARIA

Por: Elespectador.com

Al inicio de los años 90, durante la intensificación del narcotráfico, la capacidad de las cárceles del país se amplió en 6.000 cupos.

El aumento de los reclusos fue, sin embargo, de 18.000. Durante el gobierno Uribe, la capacidad carcelaria se duplicó, pese a ello se tienen hoy cerca de 22.000 reclusos más que el espacio disponible. Este tope histórico ha venido incidiendo en la radical incapacidad de las cárceles del país de ser, como lo ordena la Constitución, centros de resocialización. Según cifras del Inpec, menos del 30% de la población carcelaria tiene una ocupación durante su pena y ésta no es una que ayude a la reinserción en el mercado laboral. En programas educativos, la otra fuerza resocializadora, la participación no llega al 40%. La capacidad rehabilitadora de las cárceles no sólo es cuestionable, de hecho, el efecto parece ser el contrario: la misma marginalización de la sociedad se reproduce e intensifica en los centros penitenciarios, al punto que sucede con frecuencia que sólo quienes pueden pagar el precio en mercados internos acceden, por ejemplo, a un colchón.

Aunque los titulares se los llevan escándalos como el Proceso 8.000, la parapolítica, la yidispolítica, el cartel de la contratación, las chuzadas del DAS o AIS, quienes terminan tras las rejas, en su mayoría, no son éstos ni otros delincuentes de cuello blanco. Según una investigación realizada por la Relatoría de Prisiones de la Universidad de los Andes, se trata en su mayoría de hombres (90%), entre los 16 y los 30 años (57,7%), sin educación primaria (43%) o sin bachillerato (48%) que se encontraban desocupados o trabajando informalmente antes de cometer el delito. En el estudio se resalta además que, con excepción de los detenidos por narcotráfico (7%), los delitos del conflicto armado —secuestro, terrorismo, rebelión— no terminan en prisión. Es decir, en las penitenciarías acaban, normalmente, sólo los criminales de más fácil captura y que, más allá de la naturaleza de su crimen, se llevan todo el peso de la política criminal, orientada, por lo general, a la encarcelación.

Así, como si el hacinamiento y la incapacidad resocializadora de la cárcel no fueran ya problemas suficientes —según un informe de la Contraloría, en 2006 el gasto en programas de resocialización representó apenas el 1,6% del presupuesto de la institución—, los centros de reclusión en Colombia son, en exceso, discriminatorios. Tanto es así, que la minoría de reos de cuello blanco y de altas jerarquías legales o criminales que no se logran saltar el sistema penal terminan siendo protagonistas de los más bochornosos escándalos por todas las concesiones que reciben en sus “prisiones”. Y es por estos escándalos y otros tantos de corrupción —no por 79.730 reos hacinados sin programas de resocialización— que las prisiones y el Inpec cayeron, de nuevo, en el debate público.

El presidente Juan Manuel Santos, valiéndose de las facultades extraordinarias que próximamente le dará el Congreso, adelantará una reestructuración de la administración nacional carcelaria, que implica la liquidación del Inpec. En buena hora adelanta el Gobierno esta reforma. No obstante, los centros penitenciarios, si bien necesitan reorganizarse y tecnificarse, son sólo la consecuencia visible, el último eslabón, de una política criminal y de un sistema penal que merece ser revaluado. Hay quienes siguen insistiendo que la criminalidad se debe a la debilidad de la respuesta estatal y que no sólo su efectividad, sino el aumento de las penas son requerimientos necesarios para generar suficiente capacidad disuasiva. Sin embargo, el problema es más complejo, y ciertamente no se soluciona incrementando el número de prisiones, con todo y la sensación —normalmente falsa— de seguridad que tal acción provea. Llevamos más de una década ampliando los cupos carcelarios, éste es un buen tiempo para revisar lo recorrido y reabrir el debate.

EL NUEVO SIGLO

PRESENTARÁN NUEVA REFORMA TRIBUTARIA

Una nueva reforma tributaria, orientada a equilibrar el recaudo de impuestos y bajar algunas tarifas, será puesta en consideración del Gobierno nacional en abril, anunció el ministro de Hacienda y Crédito Público Juan Carlos Echeverry.

El funcionario señaló que están estructurando los lineamientos del proyecto pero de antemano advirtió que no habrá aumento de impuestos.

Echeverry sostuvo que una de las ideas de la Nueva Reforma Tributaria es lograr bancarizar a no menos de 25 millones de colombianos pobres que en la actualidad no tienen acceso al sistema financiero.

No obstante, el Ministro dejó entrever que será ampliada la base tributaria pero también disminuirán algunos impuestos con el propósito de adelantar una reforma social que incluya a los sectores más vulnerables del país.

También buscarán simplificar todo el aparato tributario con el fin de reducir algunos impuestos y mantener otros, tal como lo prometió el presidente Juan Manuel Santos durante su campaña, subrayó.

“La meta es bajar impuestos para generar más empleo. Ya bajamos en la última reforma los aranceles y los costos de la energía y ahora buscamos bajar los precios de algunos productos primarios para disminuir la pobreza, la idea es lograr presentar una reforma estructural para que la próxima sea presentada en 10 años”, dijo.

Según el Ministro, otro de los propósitos mediante la nueva normatividad es lograr bancarizar a por lo menos 25 millones de colombianos que hoy no están en ningún sistema bancario, porque “si nosotros logramos bancarizar esteremos bajando los costos de una gran cantidad de transacciones que los colombianos hacen a diario”.

REVISTA SEMANA

Procurador: "la conducta (de Olano) se adecúa a la configuración del delito de concusión del Código Penal"

El representante Olano (izquierda) es una de las personas investigadas por el cartel de la contratación en Bogotá, al lado del contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.

En una audiencia pública el representante Germán Olano y el Contralor Distrital Miguel Ángel Moralesrussi presentarán sus descargos en la investigación por el llamado "carrusel de la contratación". Siga aquí la audiencia pública.

Viernes 4 Febrero 2011Este viernes, el contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi Russi, y el exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal Germán Olano acuden a una audiencia pública ante la Procuraduría para responder “por las conductas relacionadas con presunta exigencia de dineros a los socios mayoritarios del denominado Grupo Nule”, según informó el ente de control.

La Procuraduría explicó que “formuló cargos en contra del Contralor de Bogotá porque, presuntamente, solicitó sumas de dineros al señor Guido Alberto Nule Marino, uno de los socios mayoritarios del denominado Grupo empresarial Nule, como contraprestación para garantizar un trato favorable de su parte, como Contralor, en el ejercicio del control fiscal que le asistía, sobre la debida utilización de los recursos públicos en los contratos de obra ejecutados en el Distrito Capital entre los años 2008 y 2010”.

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, comenzó explicando cómo y por qué acudió al proceso verbal. Dijo que este proceso es de única instancia y solo procede un recurso de reposición que él mismo resuelve.

Ordoñez explicó, en primer lugar, el contenido del expediente por el cual comenzó la investigación en contra del exrepresentante Germán Olano, del Partido Liberal, y después abordó el proceso en contra del Contralor Distrital, Miguel Ángel Moralesrussi.

El Procurador leyó los cargos contra el representante Olano. Dijo que en el expediente obraban pruebas directas y otras indirectas en su contra:

“EXISTEN PRUEBAS TESTIMONIALES, PRUEBAS DOCUMENTALES E INFORMES TÉCNICOS”, DIJO.

La primera prueba testimonial fue el testimonio de Manuel Alejandro Botero, un subcontratista de obras civiles en Bogotá, quien dijo haber presenciado una conversación de varios contratistas del Distrito “en la cual manifestaba la existencia de un compromiso de los contratistas, o mejor del grupo Nule con el señor contralor de Bogotá”.

Botero dijo que en esa conversación el intermediario “era un señor Olano, que hasta ese momento no sabía que era el representante a la Cámara. En el expediente también están incluidos los testimonios de Manuel, Miguel y Guido Nule y una grabación que fue revelada por Caracol Radio.

El Procurador adujo que la Dijin hizo la transliteración de las grabaciones y la identificación de las voces.

Según la conversación el congresista Olano le cuenta a su interlocutor que él va a repartir con el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, un pago de más de 2.000 millones de pesos.

"Entonces yo fui y le hablé al Contralor de eso y le dije 'tranquilo (...) yo no necesito sino pa' mi campaña'; entonces eran 2.200 millones, yo me mamo 1.100, la misma cifra que ya he manejado, y yo te entrego a ti el otro 50 por ciento", dice Olano en la grabación divulgada.

La Procuraduría encontró que “quienes intervienen en el diálogo son el señor Germán Olano, Miguel Nule y Mauricio Galofre”. En el informe de las autoridades, indicó Ordoñez, “se establece que el representante Olano le explica a Miguel Nule la gestión que está realizando ante el señor contralor de Bogotá, para que se le diera un trato favorable en las labores de control fiscal que en el cumplimiento de sus funciones debe realizar el Contralor de Bogotá”.

Agrega: “Y más concretamente como los Nule estarían en mora, o incumpliendo, con el pago del dinero”.

l Procurador dio cuenta de que las pruebas indican que hubo 12 reuniones, la primera en la casa de la concejala de Bogotá Ángela Benedetti, y una segunda reunión en un Hotel de Bogotá. A esas reuniones asistieron Guido Nule, Germán Olano y el Contralor de Bogotá.

“Esos son los elementos que se extraen de la grabación en mención y sirven de fundamento para hacer el cargo, porque como lo he repetido varias veces, esas circunstancias podrían configurar la falta gravísima que está consignada en el artículo 48, numeral primero del Código Único Disciplinario”, dijo el Procurador.

Luego refirió el testimonio de Miguel Nule quien en una audiencia en Panamá el año pasado dijo que Olano le había pedido dinero para que el Contralor Distrital los favoreciera y reconoce que él hizo la grabación y señaló quienes fueron las personas que intervinieron en la conversación.

Después está el testimonio de Manuel Francisco Nule quien dijo que en más de siete oportunidades asistió a reuniones con el congresista Olano. Dijo que Olano le expresó su preocupación por las molestias que tenía el contralor Moralesrussi al no recibir el dinero, y que eso podría generar retaliaciones por parte del funcionario del ente de control. Por su parte, Guido Alberto Nule, indicó el Procurador, afirmó su participación en la reunión en el Hotel.

El Jefe del Ministerio Público agregó que el dueño del hotel Enrique Silgado Betancur, “fungía como subdirector de responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá y vendió dicho establecimiento de comercio el 17 de diciembre de 2010”.

Al referirse a cuáles fueron las normas violadas el Procurador citó el artículo 48 del Código Único Disciplinario y dijo por qué la conducta tipificada era constituía una falta gravísima.

LA PAREJAS GAY INSISTEN EN SU DERECHO AL MATRIMONIO CIVIL

Jóvenes activistas LGBT siguen buscando igualdad de derechos con las parejas heterosexuales. Las personas a favor pueden ayudar con sus firmas en una página web.

Después de que en Argentina en el año 2010 se aprobara el matrimonio para personas del mismo sexo, y que México D.F. también lo hiciera en 2009, en Colombia el debate sigue tomando fuerza. En este momento cursa una demanda ante la Corte Constitucional para pedir la aprobación del matrimonio civil para parejas del mismo sexo. Al respecto, como en todo tema que puede llegar a despertar pasiones, hay opiniones encontradas. Por un lado no es secreto las posturas, contrarias a la demanda, del Procurador, del Partido Conservador, y algunas otras fuerzas.

Al otro lado del espectro se encuentran organizaciones civiles y representantes de la comunidad LGBT, que presentan la demanda del matrimonio civil como algo necesario en un país que tiene entre sus principios la dignidad y la igualdad de derechos y garantías para todos sus ciudadanos. Colombia Diversa, por ejemplo, ha dispuesto de esta página para que ciudadanos que estén a favor de la demanda firmen una petición que se adjuntará con ella para presentar a la Corte Constitucional.

El debate sigue abierto. Por ahora, la comunidad LGBT insiste en reclamar igualdad de derechos con los heterosexuales, y solo la decisión de la Corte Constitucional resolverá